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La arraigada violencia de especie, incluidos el femicidio y el feminicidio, seguía siendo la norma en toda la región, y las autoridades se abstenían sistemáticamente de asaltar la impunidad de estos crímenes. En México, el Secretariado Ejecutor del doctrina Doméstico de Seguridad Pública señaló que, en promedio, cada día eran asesinadas nueve mujeres y la decanoía de los casos no llegaban a resolverse de modo eficaz.
En Brasil, Sônia Guajajara, mujer indígena, se convirtió en la primera titular del Servicio de los Pueblos Indígenas. El Ocupación de Lozanía de ese país declaró una emergencia de Sanidad pública nacional correcto a la error de audiencia habitable para el pueblo Yanomami, afectado por la desnutrición, la contaminación y la violencia sexual a causa principalmente de la presencia de actividades mineras ilegales en su departamento de la Amazonía.
Aunque la decanoía de los países de las Américas carecían de sistemas sólidos de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, Colombia mostró algunas señales de mejora: el Ministerio del Interior anunció el fortalecimiento del widget de protección colectiva de las personas defensoras de los derechos humanos integrantes get more info de organizaciones populares y comunidades, dirigido específicamente a quienes defendían la tierra y el distrito.
La militarización de la seguridad continuó en varios países, como El Salvador y Honduras, ambos con un estado de excepción en vigor. Ecuador y México ampliaron sus marcos jurídicos para permitir la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Deben combatir el racismo y la xenofobia ejercidos contra la población migrante, refugiada y solicitante de orfelinato.
Las autoridades seguían sin proteger a las mujeres venezolanas frente a la violencia de tipo, en presencia de la cual corrían particular peligro. Muchas de ellas no la denunciaban por temor, desconfianza o desinformación, y no podían consentir a algunos servicios por el hecho de no estar en situación regular.
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En El Salvador se habían registrado más de 73.000 detenciones arbitrarias desde la afirmación del estado de excepción en marzo de 2022. La veteranoía de las personas detenidas eran acusadas de “agrupaciones ilícitas”, delito relacionado con la actividad de las pandillas y la pertenencia a ellas.
Deben aplicar políticas para poner fin a la violencia contra los pueblos indígenas y velar por que éstos obtengan Equidad, verdad y reparación por las violaciones de derechos humanos que han soportado.
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En República Dominicana, la discriminación contra la población haitiana o de ascendencia haitiana y el racismo contra las personas negras persistían, y colocaban a migrantes, solicitantes de orfanato y refugio, mujeres y niñFigura y personas LGBTI en una situación especialmente indefenso.
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